La nueva Ley de tasas judiciales que entró en vigor el pasado 20 de noviembre ha supuesto un récord histórico de solicitudes de justicia gratuita.
Los abogados del turno de oficio han realizado un 20% más de intervenciones.
El temor de la Comísión del Turno de Oficio es que los 200 euros que cuesta recurrir una multa, los 500 de un despido o los 800 euros de un recurso de apelación anime a los ciudadanos a solicitar un abogado del turno de oficio para evitar el pago de esos importes.
Esta posible avalancha supondría más presión sobre un sistema que ha visto multiplicar su actividad de forma exponencial.
El incremento de actuaciones del turno de oficio se ha producido en todos los órdenes jurisdiccionales, pero las asistencias al detenido son las que más trabajo representan, muchas de ellas por violencia de género.
En definitiva, el aumento de beneficiarios de justicia gratuita se ha traducido en un incremento de los costes para la Administración de Justicia, que minimiza la implantación del sistema de tasas judiciales y el aumento de la recaudación por tal concepto.
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