Los arquitectos quieren batallar por todas las vías para evitar que la Ley de Servicios y Colegios Profesionales inicie su trámite parlamentario según la ha redactado el Gobierno, que aprobó el anteproyecto el pasado 2 de agosto en el último Consejo de Ministros del verano.
El texto normativo será debatido en el Congreso en los próximos meses y abre a otras disciplinas la firma de proyectos de construcción que requieran visado -la mayoría de ellas-, algo que para los arquitectos supone una discriminación. Creen que es anticonstitucional por la arbitrariedad y la falta de equidad que manifiesta la ley en su trato a las profesiones técnicas y, concretamente, a los arquitectos.
Los arquitectos aprovecharán todas las vías que ofrece el marco legal para conseguir que el Gobierno modifique el contenido de la ley.
La ley podría suponer un golpe de gracia para la profesión y para otros colectivos independientes, como los procuradores o los administradores de fincas. Según un informe jurídico elaborado por el despacho de abogados Roca i Junyent, el trato a los arquitectos en el anteproyecto "supone una evidente discriminación respecto de otras muchas profesiones colegiadas", un maltrato para la que no hay un fundamento y que podría provocar daños irreparables para la profesión, "lo que implica una clara arbitrariedad de los poderes públicos, al no existir una motivación lógica para las excepciones que contiene respecto de la arquitectura", explica en este despacho.
Dichas alegaciones -y otras elaboradas por otros despachos de abogados como Uría y Menéndez y Martínez Lage- serán presentadas ante el Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno por el que pasan todos los textos legales al inicio y al final de su tramitación parlamentaria. De aprobarse la Ley, se "conculcaría el principio de no discriminación" que deben cumplir los poderes públicos, señala este informe jurídico.
Menosprecio y extralimitación
El Gobierno se ha extralimitado en sus funciones normativas, ya que "digan lo que digan, nadie en Europa exigía esta ley". La Ley, además, abre la puerta a la politización y al control político de los colectivos profesionales. "Nos vamos a defender con todas las armas que estén en nuestra mano", asegura el presidente del CSCAE.
Entre las alegaciones que presentan los abogados de Roca i Junyent se argumenta que "el ejercicio profesional de la arquitectura queda en unasituación de provisionalidad, incertidumbre y en una especie de'libertad condicional'" pues, por un lado, el acceso a la profesión continúa inalterado, mientras que las facultades que otorga la titulación se ven mermadas.
Es más, afirma el paquete de alegaciones, la futura norma está ignorando "la dimensión de interés público" de la arquitectura, pues obliga a los profesionales a colegiarse para ejercer una profesión que otras disciplinas no colegiadas o no sujetas a la misma exigencia profesional también podrán ejercer.
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