El Procurador, vía de enlace entre juez y parte

El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales impulsado por el Ministerio de Economía, o lo que es lo mismo, el proyecto para hacer compatible la profesión de abogado y procurador y que pretende eliminar los aranceles de estos últimos (las minutas que estos cobran) tiene desde hace varios meses a los procuradores muy enfadados. Se trata de un proyecto que, además de provocar numerosas movilizaciones entre los profesionales afectados (realizaron varias concentraciones en las puertas de los juzgados), ha enfrentado a dos ministerios de un mismo Gobierno ya que mientras que el de Economía apuesta por la liberalización del mercado de servicios profesionales, el de Justicia ha realizado alegaciones en las que no comparte estas tesis y defiende la figura del procurador. Pero, además de provocar la inquietud en un colectivo que lleva años representando a los clientes en los tribunales, el cambio de norma podría tener sus efectos entre los usuarios de la justicia, los ciudadanos. Estas son algunas de las consecuencias que podría provocar ese cambio de normativo, según defienden desde el propio Colegio de Procuradores de Sevilla.

Menos agilidad 

Actualmente los procuradores (unos 10.000 en toda España) acuden a diario a los juzgados y sirven de enlace entre el cliente y los tribunales. Por una parte, representan al ciudadano que necesita de esta figura además del abogado para cualquier pleito, pero también realizan tareas de carácter público y son colaboradores de la administración de justicia. Además de realizar las notificaciones, son estos profesionales los que se encargan «a pie de obra», es decir en el juzgado, de interesarse por el procedimiento. Ello agiliza los trámites en una administración, la de justicia, que no se caracteriza precisamente por la rapidez. 

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Las comunicaciones 

Son estos profesionales los que se encargan de recibir las notificaciones del juzgado y presentar las del ciudadano. Es decir, son los que reciben los autos, providencias o cualquier tipo de escrito. Pero también son los que presentan los escritos del letrado ante el juez. 

Bloqueo informático 

Aunque en algunos juzgados aún se notifican en papel cada vez son más los que lo hacen vía telemática. Para ello tienen una plataforma electrónica especial a la que solo ellos, cada uno con su propia clave, pueden acceder y que guarda todas las garantías procesales. Si ese acto, que consideran un «servicio público», no lo hicieran los procuradores, podría producirse un bloqueo informático ya que, de momento, el sistema no está preparado para que tuviera que entrar una avalancha de abogados pues en España ejercen unos 140.000. Y lo mismo ocurre con el papel. En Sevilla se notifican en una sala en Viapol donde hay cajetines en las que el funcionario de turno deja los papeles del juzgado que recoge el procurador. No habría espacio para tantos abogados. 

Un precio distinto 

Estos profesionales cobran unas tarifas (los aranceles) estipulados de forma fija y que están congelados desde el año 2003. Solo se suben cada quince años aunque cada procurador tiene un margen de aumento de tarifa de aproximadamente un 12 por ciento. Sin embargo, si este trabajo lo realizara un abogado, probablemente pondría una tarifa más elevada, «a precio de abogado» y el cliente no sabría cuánto le está cobrando por la defensa y cuánto por estas tareas. 

Profesionalización  

Son grados en Derecho (antiguamente licenciados) que después deben realizar un máster de dos años y un examen. Su trabajo no acaba en los escritos. También preparan otros de impulso, acuden a lanzamientos, embargos, diligencias de emplazamientos. Y son funciones que los abogados, que ya tienen su propia tarea, no parecen dispuestos a asumir. Con todo no es de extrañar que Isabel Escartín, decana del colegio de Sevilla, crea que si el anteproyecto del Gobierno sale, sea el ciudadano el que salga perjudicado. «Se va a perder calidad, va a ser más caro y no va a haber control de capacitación ni de especificación».