Posible suspensión cautelar de la Orden Ministerial de Tasas Judiciales

La Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se pronunciará posiblemente la próxima semana sobre la suspensión cautelar de la orden ministerial que regula la autoliquidación de las tasas judiciales tras recibir las alegaciones de la Abogacía del Estado sobre la medida cautelar solicitada en el recurso presentado por el Colegio de Abogados de Orense.

La Audiencia Nacional concedió un plazo de diez días a los servicios jurídicos del Estado y a la Fiscalía para pronunciarse sobre la citada suspensión provisional de la orden del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

La demanda de los abogados orensanos ha sido la primera que se ha presentado contra las tasas impulsadas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

A esta acción judicial han seguido varios recursos, el último de ellos ha sido interpuesto por Legalitas, a través de más de 20 Abogados del despacho y conjuntamente con otros 97 juristas, entre los que se encuentra el exmagistrado del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

Este recuso, firmado por el abogado Ramón Entrena, insta a la Audiencia Nacional a anular la orden de Hacienda porque ha omitido trámites "sustanciales" como el dictamen del Consejo de Estado o el informe del Consejo General del Poder Judicial, faltando también la audiencia pública, como en cualquier disposición general".

Advierte de que la orden incurre en "contradicciones evidentes" con la ley al introducir obligaciones que no caben imponer por vía reglamentaria y es además "discriminatoria". Este deja abierta la posibilidad de que sea elevada al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad de esta norma.

Por otro lado la 'Plataforma Justicia para Todos', que reúne al Consejo General de la Abogacía Española junto al Consejo de Consumidores y Usuarios y a los sindicatos representativos del sector, han presentado el pasado martes 15 de enero ante la Defensora del Pueblo una solicitud formal para que presente un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de tasas judiciales.