Encuesta de Sigma Dos sobre la Ley de Servicios Profesionales y la Procura

Recientemente han sido presentados los resultados de la Encuesta realizada por la empresa Sigma Dos sobre la Ley de Servicios Profesionales y la Procura.

Se desprende de la misma que el 70% de los Jueces, Secretarios y funcionarios creen que el Proyecto de Ley de Servicios Profesionales perjudicará a la Justicia.

El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales que tramita el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía, no satisface a nadie dentro del sector judicial, según se deduce de la encuesta.

Los profesionales de la justicia coinciden: el procurador es una pieza clave para una Justicia ágil y eficaz. De acuerdo con los resultados del estudio, El 71,1% de los profesionales de la justicia consideran que los procuradores contribuyen a agilizar la Justicia. En este sentido, el trabajo de los procuradores es valorado positivamente por la gran mayoría de los profesionales de la justicia:

• Un 82,1 por ciento lo valora “bien” o “muy bien”, 
• frente a un 23.1% que piensan que no ayudan a la agilización. 

INCOMPATIBILIDAD ENTRE PROCURADORES Y ABOGADOS 

Por otro lado, más de la mitad de los profesionales de la justicia (el 53,1,%) se opone a que el trabajo de los procuradores pueda ser realizado indistintamente por un procurador o por un abogado; mientras que el 26,7 % de los entrevistados se manifiestan a favor de la compatibilidad del ejercicio. 

Los funcionarios de justicia y los secretarios de juzgados, dentro de los profesionales de la justicia, son quienes creen por amplia mayoría que si finalmente los Colegios de Procuradores dejan de asumir los gastos de notificación a todas las partes intervinientes en el proceso, no solamente la Administración tendrá un mayor gasto, sino que también el ciudadano. 

Actualmente, 80 millones de notificaciones se gestionan a través de los procuradores y sus Colegios, con una incidencia de problemas del 0,002%. De no poder hacerse las notificaciones al instante (los procuradores están obligados por Ley a recogerlas diariamente y darle traslado a los abogados y a las partes), las dilaciones en los procesos podrían multiplicarse de manera exponencial. La encuesta de Sigma Dos así lo confirma. 

El ACCESO A LA JUSTICIA SERÁ MÁS CARA 

La liberalización de los precios también redundará en un encarecimiento de los procesos judiciales. Así lo cree el 73,7% de los profesionales de la justicia, frente al 18,% que opina lo contrario 

Al igual que tampoco cala entre los profesionales de la justicia, que un mayor incremento de la competencia signifique mayor rentabilidad y mejores servicios a la ciudadanía: Concretamente el 65,2% estima que esta liberalización “dificultará el control ético de la profesión y facilitará el intrusismo y la competencia desleal”. 

Consultados sobre el impacto que tendrá este proyecto en las oficinas judiciales, considerando el aumento del número de profesionales que llevarán gestiones en estas oficinas, la mayoría de los actores consultados cree, de aprobarse, este proyecto de ley tendría un impacto negativo en las oficinas judiciales. 

Por último, una clara mayoría piensa de que llevarse a cabo el proyecto de Ley, la Administración de Justicia se hará menos eficiente y el 65.1% de los profesionales de la justicia piensa que esta situación si “afectará a la agilidad en la tramitación de los procedimientos”. La Ley de enjuiciamiento civil obliga al traslado de copias. Al haber muchos más abogados, 150.000 frente a los 10 mil, la Justicia se ralentizará.