El Gobierno central ha logrado poner en pie de guerra a los procuradores, que anuncian «todo tipo de medidas de presión para conseguir paralizar» el anteproyecto de la Ley de Servicios Profesionales y Colegios Profesionales que pone en jaque su supervivencia y supondrá «una catástrofe para la Administración de Justicia, su encarecimiento y ralentización», además de «un mayor coste económico para el ciudadano», que tendrá que asumir «con impuestos» todas las tramitaciones, más de 140.000 cada año, que vienen pagando estos profesionales.
Y es que, «al margen de otras tareas, el 98,5% de las resoluciones judiciales las gestionan los procuradores a través de su sistema telemático de Lexnet», del que carecen los despachos de abogados.
Los procuradores recabarán el apoyo de la presidencia de la Audiencia Provincial, del Decanato de Jueces, del secretario coordinador y de los abogados para frenar esta iniciativa del Ministerio de Economía «que carece de lógica y fin» y que es un signo más de los «injustificados ataques de la Comisión Nacional de la Competencia a nuestra profesión y demuestra el absoluto desconocimiento que tienen sus integrantes de la función del procurador».
Este colectivo profesional está «estupefacto» por una normativa perniciosa para la Justicia. «Somos necesarios porque así lo reconoce el ordenamiento jurídico» y así se ha ido ratificando en los sucesivos «pactos por la justicia suscritos por PP y PSOE».
Qué va a pasar con los 1.500 asuntos del turno de oficio», ya que el coste de la tramitación de los procedimientos, que actualmente recae en el procurador, al pasar a ser competencia de los abogados, como pretende la nueva Ley, se incrementará hasta en un 20%, así como los honorarios de los letrados que pueden aumentar en ese mismo porcentaje.
Desde el Colegio se hace especial hincapié en el desastre económico y de efectividad que implica para Justicia, ya que los despachos de abogados no están preparados para incorporar el volumen de trabajo que desempeñan los procuradores. Por ejemplo en Zamora los procuradores realizan 120.000 notificaciones al año (en toda España 50 millones), de las que casi la mitad se realizan por el sistema telemático de lexnet, sin papel, instalado en nuestros despachos» y del que carecen los abogados. Las restantes notificaciones también llegan a los procuradores y a través del propio Colegio.
El traslado de escritos telemáticos entre el juzgado y los letrados, otra de las tareas de los procuradores, y que asciende a 28 millones en toda España, habría que hacerlo en cada juzgado, tarea que no solo incrementaría el coste material y precisaría de mayores recursos humanos para cada órgano, sino que también repercutiría en «la pérdida de agilidad en la tramitación de los asuntos judiciales».
Además, se alerta del peligro que representa esta modificación legislativa para el mantenimiento de los puestos de trabajo vinculados directamente a los distintos Colegios de Procuradores.
La continuidad de este iniciativa de Economía, que implicaría la desaparición de los 10.000 procuradores en toda España, supondrá no solo bloquear, sino desandar el camino de la modernización de la Administración de Justicia. Y es que «la desaparición del papel prevista a primeros de 2014, gracias a la plataforma telemática de procuradores que permitirá presentar también las demandas a través de Internet», es uno de los objetivos que no se podrá cumplir, si las competencias recaen en los abogados, la inmensa mayoría sin medios suficientes para desempeñarlas.
La repercusión en el funcionamiento de la Justicia es evidente: será una vuelta de tuerca más y un retroceso en los logros de la última década. Además, colisiona con la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Ministerio de Justicia que entra en funcionamiento en otoño y concede más competencias a los procuradores.
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