Nueva super-reforma de Gallardón: los registros públicos

El Ministerio de Justicia ha preparado un borrador de anteproyecto de reforma de los registros públicos, en virtud del cual los registradores además de llevar los registros de la Propiedad y Mercantil,  gestionarán el Registro Civil, el de Fundaciones, el de Últimas Voluntades y el de Seguros.

Además el borrador establece un aumento extraordinario del elenco de los actos inscribibles, muchos de los cuales afectan a la privacidad de la persona:

• el cambio de domicilio
• cualquier poder
• incluso el testamento
• y los seguros. 

Las consecuencias más evidentes de este nuevo marco jurídico son:

• el incremento de los costes para los ciudadanos (por un poder se pagaría cuatro veces más)
• el incremento de los plazos para llevar a cabo cualquier operación jurídica y
• una importante pérdida de privacidad.

Sin embargo, este anteproyecto no aborda los dos aspectos que si serían susceptibles de mejora:

• La posibilidad de acceso directo al contenido de los libros registrales en el momento de firmarse la escritura pública, para asegurar la titularidad y la situación de cargas en tiempo real (según prevén dos leyes, la 24/2001 y la 24/2005 que están pendientes de desarrollar). 
• La conexión entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, para garantizar a los ciudadanos que los datos de ambos sobre una misma finca coinciden, algo que hoy en día no siempre es así y que genera inseguridad jurídica.

Además el Ministerio ha solicitado a los notarios que, como funcionarios públicos, realicen las actas de juramento o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las Leyes, un trámite que ahora se efectúa en el Registro Civil.

El Notariado firmará con el Ministerio la encomienda de gestión para recibir tal potestad y poder desarrollar la fase final del trámite de concesión de nacionalidad. Ahora mismo, ésta se obtiene desde el momento en que el encargado del Registro Civil levanta acta del juramento y el solicitante renuncia a la nacionalidad extranjera, en caso de que sea necesario.

En definitiva, con el fin de dejar su "sello de identidad", Gallardón está desarrollando una mega reforma de nuestro ordenamiento jurídico que pronto mostrará si se ven afectados los cimientos de la seguridad jurídica que hasta ahora hemos venido disfrutando.